Ingresos y educación determinan el grado de inclusión financiera


El acceso a los servicios del sistema financiero ha adquirido gran importancia en los últimos años. En particular, en economías como la uruguaya donde el acceso a ciertos bienes y servicios es desigual, resulta interesante analizar las diferencias de los hogares en el acceso a servicios financieros. Asociado a este fenómeno surge el concepto de “inclusión financiera”


 

La preocupación de autoridades y de otros hacedores de política en Uruguay por este tema queda de manifiesto en la Ley 19.920 sobre inclusión financiera, promulgada en abril de 2014.

En esta nota resumiremos las principales conclusiones que se pueden extraer respecto al acceso a servicios financieros, utilizando la información contenida en la Encuesta Financiera de los Hogares Uruguayos (EFHU). Dicha encuesta fue relevada entre agosto 2013 y julio 2014, por lo cual la situación que se describe puede concebirse como el escenario que prevalecía antes de que la Ley 19.920 comenzara a tener vigencia.
A partir de la EFHU construimos un índice de inclusión financiera para cada hogar y luego analizamos cómo varía dicho índice entre hogares de diferentes características, principalmente en relación con el nivel ingreso, educación y edad. Nuestro índice se construye considerando tres dimensiones: acceso, uso y barreras.

El “acceso” se mide a través de la tenencia de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y débito y el acceso a crédito. Como cabría esperar, los indicadores construidos permiten confirmar que el acceso de los hogares aumenta conforme aumenta su ingreso. Si se consideran los índices de acceso según nivel educativo, los resultados también son los esperables: a mayor nivel educativo el acceso a productos financieros es mayor. En relación con la edad del jefe del hogar, las diferencias son menos marcadas, aunque cabe destacar que los tramos de edad más altos registran menos acceso a tarjetas de crédito y débito que los de menor edad.

La dimensión de “uso” captura la intensidad en la utilización de los diferentes productos financieros, considerando la frecuencia y el peso en los gastos del uso de servicios tales como: débitos automáticos, transferencias bancarias, tarjetas de crédito y débito. También se incorpora al indicador medidas sobre el uso de crédito, de instrumentos para el ahorro y seguros. En una escala de 0 a 1, la casi totalidad de los hogares registra valores inferiores a 0,6; esto pauta que existe un amplio margen para la expansión del uso de los productos y servicios del sistema financiero uruguayo. Además, como era previsible, el indicador muestra que el uso de productos y servicios financieros es mayor cuanto mayor el ingreso del hogar. El uso de crédito es la dimensión en la que se registran las menores diferencias asociadas a niveles de ingreso, mientras que la posesión de ahorros en forma de activos financieros y el uso de seguros es donde se registra la mayor desigualdad.

La medición de “barreras” se realiza a partir de información que tiene en cuenta un conjunto de aspectos tales como: dificultades en la apertura y uso de cuentas bancarias, en la obtención de crédito, en el uso de tarjetas de crédito y también situaciones de embargo y clearing. La información muestra que hay una relación negativa entre las barreras al acceso a servicios financieros y el ingreso de los hogares o el nivel educativo del jefe de hogar. También se encuentra que a mayor edad hay menos barreras de acceso a servicios financieros aunque la magnitud de las diferencias sea mucho menor que cuando se considera el ingreso o la educación.

En resumen, el ingreso y la educación son los principales determinantes de la inclusión en el sistema financiero de los hogares. En cambio, la evidencia no muestra diferencias importantes asociadas a la edad de los jefes de hogar. El análisis realizado indica que, aun descontando las diferencias esperables por desigualdades en el nivel de ingreso, la educación surge como una variable de gran importancia para la inclusión financiera del hogar.

La evidencia disponible muestra que los más educados son los que acceden a mejores empleos, experimentan menos eventos de desempleo y alcanzan mayores ingresos; la EFHU aporta información adicional que indica que también son los más educados los que mejor aprovechan las oportunidades que brinda el sistema financiero. Estos datos ponen en perspectiva la importancia de medidas tales como las incluidas en la Ley 19.920 o las promovidas en el marco del programa de educación financiera “BCU educa”. En particular, la evidencia sugiere que los esfuerzos por aumentar el grado de alfabetización financiera de la población, y en particular de los hogares más vulnerables, son un componente fundamental de la política de promoción de la inclusión financiera de los hogares.

 

Zuleika Ferré, José Ignacio Rivero, Graciela Sanroman y Guillermo Santos

Esta nota fue publicada originalmente en Montevideo Portal


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