¿Nuevos abordajes sociales? Asistencia y contrapartidas


Al asomarnos a la historia del desarrollo y consolidación de las sociedades modernas vamos a observar el surgimiento y posterior naturalización de un fenómeno que de ningún modo es -ni tiene nada de- natural: el individuo moderno como una entidad independiente e incluso en contradicción con la comunidad.


La vida de los seres humanos desde sus orígenes como especie ha estado determinada por su condición de ser social; en otras palabras, la suerte y desgracia de los seres humanos siempre han estado íntimamente ligadas a la suerte y desgracia de su comunidad de pertenencia. Sin embargo, estas ligaduras suelen no ser reconocidas dando lugar a una sensibilidad moderna que se construye sobre la idea de que individuo y sociedad son entidades contrapuestas.

El pensamiento liberal, que comandó este proceso, tiene la convicción de que individuo y sociedad son entidades en contradicción. Para este pensamiento el individuo lucha por liberarse de las cadenas que le impone la sociedad, la búsqueda de protección y cobijo en la comunidad es símbolo de debilidad y renuncia de la libertad. Durante buena parte del siglo XIX primó la idea de que el individuo era dueño de su destino y la consecuencia natural de esta idea es que su desgracia y miseria son productos de su entera responsabilidad.

El resultado de esta convicción tiene terribles consecuencias en sufrimiento humano. Sobre el final del siglo XIX el panorama social era devastador; la miseria material y moral de los trabajadores, sometidos a condiciones de brutal explotación, hizo que la sociedad cuestionara los efectos de estas ideas liberales. En ese contexto, comenzó a ganar fuerza la idea de que la libertad individual no debía pensarse en contraposición a la sociedad, por el contrario, la libertad era un producto social y precisaba para su realización del desarrollo de sistemas concretos y robustos de protección.

Estos sistemas de protección permitieron la extensión de lo que Marshall llamó ciudadanía garantizada a partir de un trípode que comenzó a desplegarse en los albores del desarrollo de las sociedades modernas. El primer pie del trípode se vincula al pensamiento liberal y lo constituyen los soportes que emergen como derechos civiles (libertad de circulación, derecho a la propiedad, igualdad ante la ley, etc.) Posteriormente, se desarrollaron los soportes que garantizaron los derechos políticos (derecho al voto, a asociarse, etc.) y, finalmente, como resultado de la miseria producida socialmente, se promovieron/conquistaron los derechos sociales, es decir, las protecciones asociadas a garantizar un efectivo goce de todos los anteriores derechos.

Desde fines del siglo XIX comenzó la construcción de este sistema de protección social para garantizar un ejercicio efectivo de la libertad individual. La protección se centró en ofrecer a los trabajadores, productores de toda la riqueza existente y privados absolutamente de ella, controles sobre las condiciones del ejercicio de su actividad. El seguro social fue el primer y principal mecanismo de protección y fue asociado a un conjunto de mecanismos que promovieron una sociedad de pleno empleo y garantías de que, a través del trabajo, los individuos podían gozar de una vida digna. El seguro social se complementó con la asistencia para quienes, en una sociedad promotora del pleno empleo, estaban impedidos de trabajar.
En la década del setenta del siglo XX se procesó una brutal crisis de dimensiones planetarias. Esta crisis generalizada fue enfrentada con mecanismos que deterioraron los sistemas de protección propios de los Estados de Bienestar: la pretendida garantía del pleno empleo se desmorona y, como consecuencia, contingentes crecientes de desempleados y empleados precarios, es decir, individuos totalmente aptos para el trabajo se encuentran sin condiciones objetivas mínimas para el ejercicio de sus derechos de ciudadanía.

Entrado el siglo XXI retorna la respuesta asistencial ahora destinada también a los aptos para el trabajo que permanecen desempleados o con salarios miserables. En este contexto, paradójicamente, retornan aquellas ideas tan desajustadas del siglo XIX: vuelve a pensarse al individuo como dueño de su destino y responsable de sus miserias. La sociedad sospecha que los desempleados o los trabajadores precarios son responsables de su situación, que son perezosos o faltos de voluntad, que no se ocuparon de capacitarse o simplemente que son incapaces.

De esta forma, ganan apoyo social los dispositivos asistenciales que cobran un fuerte tributo a sus destinatarios que ha sido reconocido por las Ciencias Sociales como estigmatización. Las víctimas de la crisis son responsabilizadas por su miseria y sospechadas de perezosas e irresponsables, de no atender bien a sus hijos e incluso de ser responsables por el aumento de los delitos.

Las nuevas políticas asistenciales deben, para lograr legitimidad ante la población, exigir contrapartidas a sus destinatarios, es decir, se les transfieren recursos materiales, siempre escasos e insuficientes incluso para salir de la pobreza, a cambio de que envíen a sus hijos a la escuela, los lleven a los controles médicos y que participen de talleres de sensibilización sobre temas diversos (violencia domestica, uso problemático de sustancias, etc.). Esto expresa la convicción social de que las víctimas de la crisis social referida son responsables de su condición por lo que hay que exigirles contrapartidas por los recursos que la sociedad pone a su disposición.

 

José Pablo Bentura y Laura Vecinday

Esta nota fue publicada originalmente en Montevideo Portal. Bentura es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales. Doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente Director del Departamento de Trabajo Social. Vecinday es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales. Doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.


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